Una decisión del Juzgado Primero Penal Municipal de Montería impuso una sanción de tres días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes a María Cristina Mastrodomenico Benítez, representante legal para asuntos judiciales y administrativos de Caribe Mar de la Costa, empresa vinculada a la operación de Afinia. La medida se originó en un incidente de desacato presentado por un ciudadano que denunció el presunto incumplimiento de un fallo de tutela relacionado con su derecho fundamental de petición.
Según la información divulgada sobre la providencia, la empresa debía responder de manera clara, precisa y completa una solicitud del usuario dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la orden judicial.
El despacho estableció que, si la decisión queda en firme y se cumplen los trámites correspondientes, el arresto deberá hacerse efectivo en instalaciones de la Policía Nacional en Montería. La multa, por su parte, deberá consignarse en la cuenta dispuesta para la Rama Judicial.
La sanción todavía no está en firme. La decisión debe surtir el trámite de consulta ante el superior jerárquico, de acuerdo con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, por lo que su ejecución dependerá de la determinación judicial definitiva.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la obligación de las empresas prestadoras de servicios públicos de acatar las órdenes judiciales y garantizar respuestas oportunas a las solicitudes de sus usuarios.
