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Corte Suprema niega libertad a Wadith Manzur y Karen Manrique

La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por las defensas de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, investigados por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los dos procesados permanecen en prisión preventiva desde el 12 de marzo. Sus abogados argumentaron que se habían cumplido los plazos legales para solicitar la libertad, pero la Sala Especial de Primera Instancia concluyó que el término todavía no había vencido. Según la decisión, la resolución de acusación no quedó ejecutoriada antes del 26 de mayo de 2026, por lo que no se había completado el periodo base de seis meses. Además, la Corte señaló que el término se amplió hasta por seis meses adicionales debido a la recepción del testimonio de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Con esa ampliación, el plazo se extendería hasta el 26 de mayo de 2027. Por esta razón, la Sala determinó que no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 365 de la Ley 600 de 2000 para conceder la libertad provisional. La decisión no está en firme y, de acuerdo con el documento, contra ella proceden los recursos de reposición y apelación. La Corte también ordenó comunicar la determinación a los procesados y a sus defensores. Wadith Manzur es investigado por presuntos acuerdos relacionados con ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de gestiones de interés para esa cartera, cuando integraba la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. En el proceso también se indagan posibles acuerdos para impulsar contratos y obras de interventoría vinculados a proyectos de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar.

Por su parte, Karen Manrique es señalada de presuntamente recibir ofrecimientos de contratos en municipios de Arauca a cambio de respaldar operaciones de crédito. La investigación también contempla un posible acuerdo relacionado con una obra en el tramo Tame-Puerto Rondón. Ambos hacen parte del grupo de seis congresistas y excongresistas llamados a juicio por la Corte Suprema en el marco de este escándalo. Los señalamientos corresponden a investigaciones judiciales y no constituyen por sí mismos una declaración de responsabilidad penal.

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