Reforma educativa permitiría contratar privados e iglesias en colegios públicos
El Ministerio de Educación presentó un proyecto de decreto que modifica las reglas para contratar la prestación del servicio educativo. La propuesta también plantea cambios en la vinculación de docentes y operadores privados.
El Ministerio de Educación Nacional puso en consulta pública un proyecto de decreto que modifica parcialmente las normas vigentes sobre la contratación del servicio educativo en Colombia. La propuesta establece nuevas condiciones para que las entidades territoriales puedan recurrir a operadores externos cuando la capacidad de la oferta oficial no sea suficiente para atender a los estudiantes.
Uno de los principales cambios está relacionado con la participación de entidades privadas. El proyecto establece que estos contratos deberán utilizarse de manera excepcional y estar respaldados por estudios que demuestren insuficiencia o limitaciones de la oferta educativa pública.
La iniciativa contempla diferentes modalidades de contratación. Entre ellas aparecen acuerdos con instituciones privadas, subsidios a la demanda, convenios con instituciones oficiales de educación superior y contratos mediante los cuales operadores externos podrían apoyar la administración de establecimientos educativos oficiales.
Uno de los puntos que más atención ha generado es la posibilidad de establecer contratos con iglesias y confesiones religiosas para desarrollar determinadas estrategias pedagógicas. Bajo este esquema, los establecimientos continuarían siendo públicos, mientras que las organizaciones contratadas podrían aportar componentes educativos, administrativos o pedagógicos que las entidades territoriales no tengan disponibles.
El proyecto también plantea modificaciones en las condiciones laborales del personal que sea contratado por operadores privados. Los docentes, directivos y trabajadores administrativos vinculados mediante contratos de apoyo a la administración estarían sometidos al régimen laboral privado y no tendrían acceso a la carrera docente estatal.
De esta manera, podrían existir contratos a término fijo o por determinadas necesidades del servicio, sin que estos vínculos representen un ingreso automático al sistema público de carrera.
Para los contratos de apoyo a la administración, los operadores deberán demostrar una experiencia mínima de diez años. Además, los acuerdos podrían tener una duración de entre dos y doce años, dependiendo de las características del servicio y de las necesidades de la entidad territorial.
El proyecto establece que los operadores tendrán que cumplir diferentes obligaciones, entre ellas garantizar la prestación del servicio, permitir la vigilancia de las autoridades, evitar cobros a los estudiantes por los componentes incluidos en la canasta educativa y entregar a la entidad pública los bienes adquiridos durante la ejecución del contrato.
También se plantea que, una vez termine un contrato, la entidad territorial deberá garantizar que los estudiantes continúen recibiendo educación, sin que el operador tenga asegurada una renovación automática.
La posibilidad de permitir una mayor participación de privados y organizaciones religiosas en establecimientos oficiales ya genera debate entre sectores educativos y sindicales. Fecode ha expresado reparos frente a la propuesta y considera que algunas de sus disposiciones podrían aumentar la tercerización, afectar la estabilidad laboral de docentes y ampliar la participación privada en la educación pública.
Otro de los asuntos que podría generar discusión es la participación de organizaciones religiosas en procesos pedagógicos dentro de colegios oficiales, debido a los debates relacionados con la neutralidad del Estado y la autonomía de las instituciones educativas.
Por ahora, el documento no es una norma definitiva. El proyecto se encuentra en etapa de consulta pública, por lo que su contenido podría cambiar antes de una eventual expedición por parte del Ministerio de Educación.
La propuesta abre así un nuevo debate sobre el modelo de prestación del servicio educativo en Colombia, especialmente frente al papel que podrían asumir los operadores privados y las organizaciones religiosas en instituciones financiadas y administradas por el Estado.
