Capturan a ocho militares activos por presunta corrupción

El Ejército Nacional confirmó este martes 25 de agosto la captura de ocho militares activos y uno retirado, quienes estarían presuntamente involucrados en hechos de corrupción relacionados con manejos administrativos indebidos en diferentes regiones del país.
De acuerdo con la institución, los procedimientos se realizaron en cumplimiento de órdenes emitidas por la Fiscalía General de la Nación, dentro de una investigación que se habría extendido durante más de 18 meses y que está relacionada con los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público.
La operación fue adelantada por el Ejército Nacional en coordinación con el Gaula Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía. Según las autoridades, las labores investigativas permitieron establecer que los uniformados estarían vinculados a conductas asociadas con presuntos manejos irregulares de recursos y procedimientos administrativos.
Entre los capturados se encuentran tres mayores y cinco suboficiales. Todos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de judicialización y determinar su eventual responsabilidad en los hechos investigados.
El Ejército informó además que inició los procesos disciplinarios y administrativos correspondientes, con el propósito de garantizar el debido proceso y contribuir al esclarecimiento de las circunstancias que rodean el caso.
Las capturas se producen en medio de otros procesos judiciales que también han generado cuestionamientos alrededor de miembros de la institución. La Fiscalía anunció recientemente que imputará cargos al general Federico Mejía por su presunta responsabilidad en la liberación de un supuesto traficante de cocaína en el departamento del Cauca.
En ese caso, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia señaló que el oficial sería investigado por los delitos de prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Por ahora, los militares capturados deberán enfrentar el proceso judicial correspondiente y será la justicia la encargada de determinar si tuvieron responsabilidad penal en los hechos por los que fueron detenidos.



