Iván Name y Andrés Calle quedaron en libertad provisional
El Inpec confirmó la salida de los expresidentes del Senado y la Cámara, investigados por el escándalo de la UNGRD. La decisión se tomó por vencimiento de términos. Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, salieron de la cárcel La Picota de Bogotá el jueves 15 de octubre, luego de que la Corte Suprema de Justicia les concediera la libertad provisional por vencimiento de términos en el proceso relacionado con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La salida fue confirmada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que informó que los excongresistas recuperaron la libertad en cumplimiento del auto AEP140-2026, emitido por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema el pasado 9 de octubre.
La decisión se fundamentó en que habían transcurrido 12 meses desde la ejecutoria de la resolución de acusación sin que se hubiera culminado la audiencia de juzgamiento.Ambos son investigados por su presunta participación en delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros agravado, relacionados con el caso UNGRD. Las defensas habían solicitado inicialmente la libertad por vencimiento de términos, pero la petición fue negada el 14 de abril. Posteriormente, la decisión fue confirmada en julio. En octubre, los abogados presentaron nuevas solicitudes que fueron resueltas favorablemente por la Corte.
Para hacer efectiva la medida, los excongresistas debían cumplir condiciones como el pago de una caución equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la firma de un compromiso de acatar las obligaciones establecidas por la ley. La Corte también ordenó comunicar la decisión a las autoridades correspondientes y verificar que ninguno fuera requerido por otra autoridad judicial antes de materializar su salida. La libertad provisional no equivale a una absolución ni pone fin al proceso penal. La investigación y las actuaciones judiciales relacionadas con el escándalo de la UNGRD continúan sujetas a las decisiones de la justicia.
