Gobierno revisará ocho decretos laborales de Petro
Las propuestas buscan modificar o derogar normas sobre tercerización, pactos colectivos, seguridad social de repartidores y protección laboral. La ciudadanía podrá enviar comentarios hasta el 9 de noviembre.El Ministerio del Trabajo publicó ocho proyectos de decreto que buscan derogar o modificar disposiciones laborales expedidas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. La cartera argumenta que algunas normas podrían exceder las facultades reglamentarias del Ejecutivo o contener disposiciones que requieren ajustes jurídicos. Las iniciativas fueron publicadas el viernes 16 de octubre y estarán abiertas a comentarios hasta el 9 de noviembre de 2026. Según el Ministerio, la revisión no modifica la Ley 2466 de 2025, que contiene la reforma laboral vigente.
Entre los cambios propuestos está la derogación del Decreto 581 sobre tercerización laboral ilegal. Sin embargo, se mantendría la prohibición de contratar terceros para cubrir labores permanentes de una empresa, de acuerdo con la legislación laboral aplicable. Otro proyecto busca derogar el Decreto 992 de 2026, relacionado con los pactos colectivos suscritos entre empleadores y trabajadores no sindicalizados. El depósito de estos acuerdos volvería a regirse por el Código Sustantivo del Trabajo, aunque se conservaría la prohibición de celebrarlos cuando un sindicato agrupe a más de un tercio de los empleados de la compañía. La cartera también plantea modificar las reglas sobre las facultades preventivas de los inspectores laborales, con el objetivo de delimitar sus competencias y garantizar que sus decisiones estén motivadas, sean temporales y puedan ser revisadas. En materia de plataformas digitales, el proyecto relacionado con el Decreto 991 propone que los aportes a seguridad social de los repartidores se calculen sobre el 40 % de sus ingresos reales. También contempla que las obligaciones sean exigibles 12 meses después de que el Ministerio de Salud certifique la disponibilidad de los ajustes tecnológicos necesarios. Las propuestas incluyen cambios en las medidas de prevención y atención del acoso laboral, la violencia y la discriminación, las sanciones por despidos de víctimas de acoso sexual; las inspecciones del trabajo doméstico y la reglamentación aplicable a periodistas y comunicadores.
El Ministerio sostiene que los derechos laborales continuarán respaldados por la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y las leyes aprobadas por el Congreso. Según la entidad, el propósito es corregir disposiciones que podrían exceder la potestad reglamentaria del Gobierno. La revisión ha generado posiciones encontradas entre organizaciones sindicales y gremios empresariales. Mientras sectores sindicales han advertido sobre posibles retrocesos en derechos laborales, representantes empresariales han respaldado algunos ajustes por considerar necesario delimitar las normas sobre tercerización y seguridad jurídica. De los nueve decretos cuya modificación habían cuestionado organizaciones sindicales, el Decreto 234 de 2026, relacionado con la negociación colectiva por niveles, no aparece entre los ocho proyectos publicados. Por ahora, las iniciativas continúan en etapa de comentarios y no deben confundirse con cambios definitivos. El contenido final dependerá del trámite que adelante el Gobierno tras revisar las observaciones recibidas.
