¡Escándalo por contratos en el Dapre! Fiscalía citará a Angie Rodríguez y Laura Sarabia
La Fiscalía General de la Nación citará a las exdirectoras del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez y Laura Sarabia, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación de mujeres durante el Gobierno de Gustavo Petro.
Según la información conocida, la indagación también incluirá a otros funcionarios y exfuncionarios del Dapre, así como a personas que podrían tener relación con los hechos. El caso está a cargo de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con apoyo de fiscales e investigadores de Policía Judicial.
La investigación habría comenzado el pasado 23 de octubre, a partir de una denuncia relacionada con posibles contrataciones irregulares en el Dapre y otras entidades públicas. Además, la Fiscalía incorporará recientes revelaciones divulgadas por la revista Semana.
El caso tomó relevancia tras las declaraciones de Deicy Jiménez, una mujer de 26 años que aseguró que el expresidente Gustavo Petro le habría solicitado encuentros íntimos y sexuales a cambio de vínculos contractuales con el Estado, según su testimonio publicado por ese medio.
Jiménez presentó capturas de conversaciones de Facebook que, según afirmó, corresponderían a perfiles del exmandatario, además de documentos relacionados con contratos que habría obtenido durante esa administración. La información suministrada menciona cinco contratos por un valor conjunto cercano a los 100 millones de pesos.
La mujer sostuvo que decidió hacer públicas sus denuncias porque considera que habría existido un abuso de poder. También afirmó que otras jóvenes podrían haber recibido contratos bajo condiciones similares y que algunas estarían dispuestas a declarar ante las autoridades.
La controversia coincide con lo señalado por Carlos Ríos, director del Dapre, quien aseguró ante la Comisión Segunda del Senado que denunciaría a Petro por una presunta red de 48 mujeres vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios.
La investigación busca esclarecer los hechos y determinar si existieron irregularidades. Las acusaciones mencionadas deberán ser verificadas por las autoridades judiciales y no constituyen, por sí solas, prueba de responsabilidad penal.
