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Zuleta cuestiona a De la Espriella por medidas migratorias

La controversia por las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional frente a los extranjeros en situación migratoria irregular llegó al Congreso, luego de que la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, cuestionara al presidente Abelardo de la Espriella por los operativos anunciados para identificar y deportar a migrantes.

La congresista rechazó el uso de la expresión “migrantes ilegales” y sostuvo que una persona no debe ser señalada o perseguida únicamente por encontrarse en una situación migratoria irregular. En ese sentido, cuestionó las medidas anunciadas por el mandatario y pidió a los integrantes de la Fuerza Pública no acatar instrucciones que, según su interpretación, puedan vulnerar derechos fundamentales.

Señor Abelardo de la Espriella, eso no existe en Colombia, usted lo que quiere es congraciarse con los Estados Unidos. Aquí hay una política en la que se respeta al migrante”, manifestó Zuleta en un pronunciamiento dirigido al jefe de Estado.

Las declaraciones se producen después de que De la Espriella anunciara el pasado 23 de agosto la realización de operativos conjuntos entre Migración Colombia y la Policía Nacional para identificar a extranjeros que permanezcan de manera irregular en territorio colombiano y proceder con las respectivas deportaciones cuando haya lugar.

Durante su intervención, la senadora también hizo referencia a la situación del pueblo wayuu, cuya población se encuentra históricamente asentada a ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela. Zuleta utilizó este caso para señalar que los desplazamientos entre ambos territorios se han producido desde antes de la delimitación de las fronteras nacionales actuales.

El pronunciamiento abre un nuevo frente de confrontación política entre sectores del Pacto Histórico y el Gobierno de De la Espriella, esta vez alrededor de las políticas migratorias y los procedimientos que las autoridades pueden adelantar frente a extranjeros que no cumplan con las condiciones de permanencia en el país.

La discusión también pone sobre la mesa el equilibrio entre el control migratorio, la aplicación de las normas colombianas y la protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes.

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