RTVC recupera su nombre y Gobierno revisa contratos por $100.000 millones

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció el regreso del nombre RTVC para el sistema de medios públicos, que durante el gobierno de Gustavo Petro había pasado a llamarse Inravisión. El anuncio se realizó durante un evento para conmemorar los 22 años de la entidad. El mandatario aseguró que comienza una nueva etapa para la televisión, la radio y las plataformas digitales públicas, con énfasis en la producción nacional, la cultura, el deporte, la memoria histórica y una mayor participación de las regiones. Durante su intervención, De La Espriella también informó que su Gobierno revisa 1.051 contratos por más de $100.000 millones, de los cuales 87 habrían sido suscritos entre el 6 y el 7 de agosto, en los últimos días de la administración anterior. Uno de los contratos bajo revisión corresponde a la compra de una unidad móvil de televisión por $11.924 millones. Según el presidente, el equipo presentaría deficiencias técnicas, no contaría con una planta eléctrica indispensable para operar y tendría un presunto sobrecosto superior a los $2.000 millones.

El jefe de Estado también mencionó más de $7.255 millones relacionados con pauta y contenidos digitales, así como posibles inconsistencias en planillas de seguridad social utilizadas para respaldar pagos entre 2023 y 2026. Solicitó a la Fiscalía y a los organismos de control avanzar en las verificaciones para determinar si hubo irregularidades. En materia financiera, afirmó que RTVC registraba, al 31 de agosto, un faltante superior a los $86.000 millones frente a los ingresos propios presupuestados y compromisos que superaban en más de $47.000 millones los recursos recibidos. El Gobierno anunció además cambios en la programación. Entre las propuestas están restaurar más de 2.000 horas de material fílmico y archivos históricos, impulsar a artistas emergentes mediante Radiónica y fortalecer RTVC Play como plataforma gratuita para el cine colombiano. Las denuncias sobre contratación corresponden a señalamientos del mandatario y deberán ser evaluadas por las autoridades competentes. Hasta que concluyan las investigaciones, no constituyen por sí mismas una determinación judicial de responsabilidad.