Red de Veedurías denuncia al magistrado que ordenó retirar publicidad de Abelardo de la Espriella
La Red de Veedurías de Colombia presentó una queja disciplinaria ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra el magistrado Rafael Albeiro Chavarro, quien ordenó de manera provisional al candidato presidencial Abelardo de la Espriella retirar en un plazo de 24 horas toda la propaganda política que contenga símbolos patrios, imágenes militares y las expresiones “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”.
La organización cuestionó la decisión judicial y la calificó como una medida que, según su criterio, afecta el derecho a la participación política tanto del candidato como de los ciudadanos convocados a las elecciones.
El principal argumento de la queja se centra en que los colores utilizados en la publicidad de la campaña no corresponderían legalmente a la bandera nacional. De acuerdo con la Red de Veedurías, la Ley 1218 de 1984 establece características específicas para los símbolos patrios, incluyendo la proporción de los colores de la bandera colombiana.
Según la organización, en las piezas publicitarias cuestionadas el color amarillo no ocupa el porcentaje exigido por la norma y el orden de los colores tampoco coincide con el establecido para la bandera oficial. Por ello, sostienen que no se estaría utilizando un símbolo patrio en los términos definidos por la legislación colombiana.
La veeduría también manifestó preocupación por el momento en que fue emitida la medida, al considerar que se produce a pocos días del inicio de las votaciones en el exterior y de la recta final de la campaña presidencial. A su juicio, modificar toda la publicidad electoral en ese lapso podría generar afectaciones al desarrollo de la contienda.
En el documento radicado ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la organización solicita que se investigue la actuación del magistrado y se determine si existió alguna irregularidad en la expedición de la medida provisional.
La controversia surge en medio de un ambiente de creciente tensión política y jurídica alrededor de la campaña presidencial, marcada por denuncias, recursos judiciales y debates sobre las reglas que deben regir la propaganda electoral en la etapa final de la contienda.
