Propuesta de Ley Minera en manos de la Comisión Nacional de Consulta Previa
Con pueblos negros, raizales y palenqueros, inicia ruta para la consulta previa del proyecto de la Nueva Ley Minera.
La propuesta del articulado del proyecto de Ley Minera, que busca prohibir nuevos contratos de exploración y producción de carbón y que ha despertado preocupaciones en diferentes sectores de la industria, fue entregado Comisión Quinta del Espacio Nacional del Consulta Previa, delegación que representa a pueblos negros, raizales y palenqueros.
El ministro de minas y energía, Andrés Camacho, entregó la propuesta de la iniciativa con el que se están realizando los procesos de consulta previa, un documento que, según el funcionario, “propone la transformación de la minería con enfoque territorial, ambiental y social”.
Desde Cali, el ministro dijo que han venido dando los pasos necesarios para garantizar que estas comunidades tengan todas las garantías para que se desarrolle la discusión en torno a la Ley Minera y tener un consenso mayoritario.
El texto que se propone ha puesto nervioso no sólo a la industria minera, sino a todos aquellos sectores que directa o indirectamente interactúan con ésta; y ¿por qué? porque el modelo propuesto por el Gobierno Nacional pareciera extinguir la minería privada, empresarial y bien hecha en Colombia.
Expertos del sector exponen tres razones que preocupan del borrador del articulado:
El congelamiento del otorgamiento de nuevos títulos, incluyendo aquellos estratégicos y primordiales para la transición energética, hasta tanto no se lleven a cabo por parte del Estado una serie de estudios, definiciones y políticas, cuando las autoridades competentes respectivas han demostrado a la fecha que no están en la capacidad de hacerlo eficiente, efectiva ni oportunamente, generando una evidente moratoria minera.
La priorización del otorgamiento de títulos mineros a las entidades del Estado, a la minería artesanal, informal y étnica por encima de la minería privada, con reglas de juego totalmente distintas, inequitativas e incluso desproporcionadas frente a los otros jugadores priorizados.
El establecimiento de requisitos largos, complejos y costosos como el licenciamiento ambiental, la concertación con la comunidad de un Plan de Gestión Social, y la consulta previa, entre otros, en fases tan preliminares como la exploración, cuando esta es una etapa en la que no existe certeza alguna de la existencia de minerales y en consecuencia del alcance del proyecto minero, donde toda la inversión que se realiza en esta etapa es a riesgo, incierto y sin que genere ingresos para su financiación.
