Procuraduría y Contraloría ponen bajo vigilancia el empalme del Gobierno
La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República expidieron la Directiva Conjunta 001 de 2026, con la que establecieron los lineamientos que deberán cumplir las entidades del Gobierno nacional durante el proceso de empalme con la administración entrante.
El documento advierte que el incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a investigaciones disciplinarias, fiscales e incluso a otro tipo de actuaciones por parte de los organismos de control.
Entre las principales exigencias se encuentra la entrega de un informe de gestión completo, en el que se detalle el estado de los programas, proyectos y asuntos pendientes al cierre del actual periodo de gobierno. La omisión en la presentación del Acta de Informe de Gestión podrá derivar en requerimientos de las oficinas de control interno y, de persistir el incumplimiento, en procesos disciplinarios y fiscales.
La directiva también ordena garantizar la continuidad del servicio público mediante la documentación de las obligaciones y competencias que deban mantenerse o coordinarse con otras entidades durante la transición.
En materia contractual, los organismos de control solicitaron verificar que todos los contratos estén debidamente publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), así como entregar información sobre los procesos próximos a vencer, las contrataciones en curso y aquellos que presenten retrasos, incumplimientos o controversias.
Finalmente, la Procuraduría y la Contraloría dispusieron que los informes de empalme deberán publicarse y permanecer disponibles para consulta ciudadana, salvo en los casos en que exista reserva legal.
