En Montería se libra una batalla jurídica que podría sacudir los cimientos del gobierno local. El exconcejal Devier Acosta Pimienta encendió las alarmas al denunciar lo que califica como un grave y sistemático intento de despojar al Concejo de Montería de sus funciones constitucionales, para transferirlas directamente al despacho del Alcalde.
La controversia se remonta al año 2024, cuando el Concejo aprobó el Acuerdo 006 de 2024, con el que autorizó al alcalde a endeudar al municipio por 200 mil millones de pesos. Pero lo más delicado como lo advierte Devier Acosta está en el artículo tercero, que le permitiría al mandatario modificar el presupuesto municipal durante casi todo el periodo de gobierno: tres años, nueve meses y veintiún días.
“Eso es inconstitucional”, sentencia el demandante, al recordar que decisiones de este calibre vulneran el artículo 313 numeral 3 de la Constitución, el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 y el artículo 150 numeral 10 de la Carta Política. El caso escaló al punto de que el acuerdo fue demandado y suspendido judicialmente.
En 2025, el alcalde volvió al Concejo con una nueva solicitud de facultades. Aunque el acuerdo anterior seguía suspendido, se aprobó el Acuerdo 004 de 2025, que aumentó el cupo de endeudamiento en 75 mil millones de pesos más, y extendió las facultades hasta el 31 de diciembre de 2027.
Para Acosta Pimienta, lo ocurrido confirma una “sistematicidad en la violación de la ley” y un claro riesgo para la estabilidad financiera de la capital cordobesa. “Esto podría traer fuertes consecuencias disciplinarias, fiscales y penales para los responsables”, advirtió
En Montería está en juego mucho más que cifras: más de $275 mil millones en endeudamiento, casi todo el poder presupuestal del cuatrienio concentrado en manos del alcalde, posibles sanciones para concejales y funcionarios que aprobaron los acuerdos, y la autonomía del Concejo como órgano de control político y financiero. La gran pregunta es si se intenta gobernar la ciudad por decreto financiero, relegando al Concejo a un papel de espectador. Mientras los organismos de control investigan el escándalo, la denuncia del exconcejal Decide Acosta Pimienta cobra cada vez más fuerza en un contexto donde la vigilancia ciudadana resulta más urgente que nunca.
