Más de $2 billones embargados a Nueva EPS ponen en riesgo entrega de medicamentos
El Gobierno nacional alertó sobre el grave impacto que están teniendo los embargos judiciales sobre las finanzas de la Nueva EPS, situación que estaría afectando directamente el pago de medicamentos y la atención en salud. Durante el Consejo de Ministros, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que más de 2 billones de pesos permanecen retenidos por orden de distintos juzgados del país, pese a que la ley prohíbe el embargo de recursos destinados a la prestación de servicios de salud. Frente a este escenario, el presidente de la República expresó su indignación y afirmó: “No puede estar pasando que ahora tengamos cerca de más de 2 billones de pesos retenidos por jueces corruptos de la Nación y nadie haga absolutamente nada, ni la Procuraduría ni nadie”.
Uno de los efectos más inmediatos de esta situación fue la frustración de un acuerdo alcanzado para garantizar el suministro de medicamentos. Según Jaramillo, tras una reunión con Colsubsidio, la ADRES y representantes de la EPS, se había pactado el pago de 60.000 millones de pesos; sin embargo, los recursos fueron embargados antes de concretar la transferencia. “Teníamos 60 mil millones de pesos para pagarle hoy a Colsubsidio, llegamos a un acuerdo con ellos, con la doctora Múnera y con la ADRES, y embargaron la plata que había llegado para poder pagarles”, señaló el ministro, quien rechazó la tesis judicial de que se tratara de utilidades o gastos administrativos. “No hay utilidades. Son gastos administrativos, y esos gastos tienen que ver con cómo se entregan las medicinas a los pacientes. Da lo mismo: están afectando el derecho a la vida”, enfatizó.
En la misma línea, el presidente Gustavo Petro responsabilizó a algunas IPS y a jueces que habrían ordenado estas medidas cautelares, señalando posibles actos de corrupción. “Si unas IPS están ordenando embargar y los jueces les hacen caso, hay dos corrupciones: la del juez y la de las IPS. Están frenando el pago de las medicinas”, afirmó, mencionando de manera particular a despachos judiciales del Caquetá y solicitando su traslado inmediato a control disciplinario. “Esos jueces deben pasar de una vez a control disciplinario. Están afectando el derecho fundamental a la vida”, agregó.
La gravedad del panorama fue respaldada tanto por la Defensoría del Pueblo como por la propia Nueva EPS. El ente defensor advirtió que el embargo de las cuentas agrava la crisis del sistema y vulnera de forma directa el derecho fundamental a la salud, especialmente en departamentos como Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia, y Tolima. Por su parte, la EPS informó que los embargos ascienden a $2,125 billones, una cifra que “compromete directamente toda la operación de la EPS” y pone en riesgo la atención de más de 11,7 millones de afiliados, afectando además a cerca de 5.000 prestadores de servicios de salud en todo el país.
