Juez da 48 horas a fundación de la primera dama para aclarar donaciones

Un juez de Bogotá ordenó a la Fundación Luz y Sonrisas, dirigida por Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, entregar en un plazo de 48 horas un informe detallado sobre las donaciones recibidas para atender a las víctimas del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. La decisión judicial responde a una acción de tutela presentada por el senador Alejandro Ocampo, quien solicitó información sobre los aportes recibidos, su destinación, los gastos administrativos, los beneficiarios y los mecanismos de control de los recursos. El despacho consideró que, aunque la fundación es una entidad privada, participó en la respuesta institucional del Gobierno frente a la emergencia, por lo que debe entregar información sobre los recursos que recibió, administró o distribuyó en el marco de esa campaña.

Entre los datos que deberá aclarar están el monto de las donaciones, los plazos de ejecución, los aportes realizados por contratistas del Estado y los mecanismos de seguimiento a las ayudas en especie. También tendrá que suministrar información agregada sobre los beneficiarios y los informes que respaldan su balance de gestión. Según el informe presentado por la fundación ante el juzgado, la entidad recibió, administró y canalizó 54.589 millones de pesos. Además, reportó la movilización de 5.652,2 toneladas de ayuda y la atención de más de 48.000 personas en 80 municipios. La controversia surgió luego de que la fundación informara que había recibido más de 17 millones de dólares, mientras sectores de la oposición sostienen que los anuncios públicos de donaciones superarían los 200 millones de dólares.

Ana Lucía Pineda ha explicado que una parte importante de los recursos se reservó para una segunda fase de reconstrucción, debido a que, según indicó, las ayudas humanitarias iniciales fueron suficientes. También señaló que se adelantan gestiones con constructoras para avanzar en la recuperación de viviendas. El juez aclaró que la fundación no está obligada a revelar la identidad de donantes que sean personas naturales ni a elaborar documentos inexistentes. La orden busca que entregue información verificable sobre los recursos vinculados a la campaña de atención a los damnificados.