Intervención de Estados Unidos en Venezuela provoca alarma internacional

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró una sesión de emergencia el 5 de enero de 2026 para analizar la crisis desatada tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones del país, así como la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La reunión fue solicitada por Venezuela y estuvo marcada por un amplio debate sobre el respeto al derecho internacional, la soberanía de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza.

Durante la sesión, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó una profunda preocupación por la operación militar estadounidense, señalando que representa un precedente peligroso y un incumplimiento de los principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. A través de la subsecretaria general para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, reiteró que el derecho internacional ofrece mecanismos legales para abordar problemas como el narcotráfico y las violaciones a los derechos humanos, sin recurrir a acciones armadas unilaterales.

La mayoría de los países de América Latina, junto con España, coincidieron en un llamado firme a la paz y al respeto del multilateralismo. Brasil, México, Chile, Colombia, Panamá, Nicaragua y Cuba condenaron la intervención militar, calificándola como una violación de la soberanía venezolana y una amenaza para la estabilidad regional. Varias delegaciones insistieron en que América Latina y el Caribe deben seguir siendo una zona de paz y que cualquier solución a la crisis venezolana debe surgir del diálogo, la autodeterminación y procesos pacíficos, no de la imposición externa.

En contraste, Argentina y Paraguay respaldaron la acción de Estados Unidos, argumentando que Nicolás Maduro lidera una organización criminal vinculada al narcotráfico y al terrorismo, y sostuvieron que su salida del poder es necesaria para restablecer la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.

Venezuela, por su parte, denunció ante el Consejo lo que calificó como un acto de agresión y neocolonialismo. Su embajador ante la ONU, Samuel Moncada, afirmó que la captura de un jefe de Estado en ejercicio vulnera normas esenciales del derecho internacional, incluida la inmunidad presidencial, y advirtió que lo ocurrido pone en riesgo no solo la soberanía venezolana, sino también la credibilidad del sistema internacional y de la propia Organización de las Naciones Unidas.

Estados Unidos defendió su actuación señalando que se trató de una operación legal y selectiva contra personas consideradas fugitivas de la justicia estadounidense por delitos de narcoterrorismo. Su representante sostuvo que Maduro no es un presidente legítimo y recordó que numerosos países desconocieron las elecciones venezolanas de 2024 por falta de garantías democráticas.

China y Rusia condenaron enérgicamente la intervención estadounidense, denunciando una política de doble rasero y una violación flagrante de la Carta de la ONU. Ambos países rechazaron que Estados Unidos actúe como autoridad global y llamaron a respetar la soberanía de los Estados y el multilateralismo.

En conclusión, la sesión del Consejo de Seguridad evidenció un rechazo mayoritario a la acción militar de Estados Unidos y un consenso amplio en favor del respeto del derecho internacional, la solución pacífica de las controversias y la preservación de la estabilidad regional. La crisis venezolana se consolidó así como una prueba clave para el sistema internacional y para la vigencia de los principios fundamentales que rigen la convivencia entre los Estados.