¡Escándalo en el Gobierno! Procuraduría investiga denuncias de Deicy Jiménez

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar del Congreso, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, tras denuncias relacionadas con presunto acoso, violencia de género y posibles irregularidades administrativas.
La actuación disciplinaria se originó a partir de reportes periodísticos sobre las declaraciones de Deicy Jiménez, quien denunció presuntas irregularidades en su vinculación mediante contratos de prestación de servicios y aseguró que habría recibido propuestas de carácter sexual relacionadas con esas contrataciones.
Según el documento fechado el 26 de octubre de 2026, el organismo de control conoció información publicada por la revista Semana y difundida en medios de comunicación y redes sociales el día anterior. A partir de estos reportes, consideró necesario establecer si servidores públicos pudieron incurrir en faltas disciplinarias.
La investigación también busca determinar si existieron irregularidades administrativas en contratos u órdenes de prestación de servicios vinculados con el caso.
Como parte de las primeras diligencias, la Procuraduría solicitó a Semana una copia de la entrevista realizada a Jiménez, así como sus datos de identificación y contacto.
Además, requirió información al Congreso, al Dapre, al Ministerio del Interior, a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y a la Superintendencia Nacional de Salud sobre posibles contratos o formas de vinculación de Jiménez con estas entidades. También pidió detalles sobre las funciones que habría desempeñado, los supervisores de sus contratos y el estado de esas vinculaciones.
El caso fue asignado a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción correspondiente, que ordenó la práctica de pruebas para esclarecer los hechos, identificar a los posibles responsables y establecer las conductas que podrían ser objeto de investigación.
La apertura de la indagación previa no implica que se haya comprobado la existencia de faltas disciplinarias ni que se haya determinado la responsabilidad de algún funcionario. El objetivo de esta etapa es recopilar información y precisar las circunstancias de las denuncias.



