Corte exige garantizar agua potable para niños Wayuu
La Corte Constitucional determinó que, nueve años después de la Sentencia T-302 de 2017, las autoridades aún no han demostrado que los niños y niñas Wayuu de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia tengan acceso oportuno y suficiente a agua potable.
Por esta razón, el alto tribunal ordenó nuevas acciones, estableció plazos para las entidades responsables y remitió el caso a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General para que investiguen posibles incumplimientos.
La Sala Especial de Seguimiento concluyó que no existen resultados verificables sobre la cantidad de agua que reciben los menores, la facilidad para acceder al recurso ni la calidad del agua destinada para su consumo.
El magistrado Carlos Camargo Assis señaló que las entidades responsables no lograron demostrar que la población infantil Wayuu recibe el servicio bajo los estándares fijados por la Corte Constitucional.
El único avance reconocido corresponde al municipio de Riohacha, donde se identificó al 94,7 % de los niños y niñas Wayuu, información que permitirá orientar mejor las inversiones y la atención estatal. En contraste, Maicao, Manaure y Uribia no evidenciaron avances suficientes en esa tarea.
Durante el proceso, el Ministerio de Vivienda propuso reducir de 20 a 5,3 litros diarios la cantidad mínima de agua por persona. Sin embargo, la Corte rechazó esa solicitud al considerar que disminuir ese estándar representaría un retroceso en la protección del derecho fundamental al agua de la niñez Wayuu. El tribunal reiteró que la meta continúa siendo garantizar 50 litros diarios por habitante.
La decisión también ordena a los alcaldes de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia entregar en un plazo de 15 días la identificación completa de la población infantil Wayuu. Asimismo, el Ministerio de Vivienda tendrá tres meses para demostrar que al menos el 66 % de estos menores cuenta con acceso efectivo a agua potable.
Por su parte, Corpoguajira deberá presentar durante este mes el avance técnico del estudio sobre la relación entre la minería y los recursos hídricos en la región, mientras que el informe definitivo deberá entregarse en octubre.
Finalmente, la Corte remitió copias a la Procuraduría y a la Fiscalía para que determinen si existen responsabilidades por los incumplimientos detectados en la ejecución de las órdenes judiciales.
