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Consejo de Estado mantiene suspendido aumento del salario mínimo decretado por Gustavo Petro

La Consejo de Estado ratificó la medida cautelar que mantiene suspendido el incremento del 23% al salario mínimo fijado por el Gobierno Nacional para 2026, en una decisión que mantiene la incertidumbre sobre uno de los temas económicos más sensibles del país.

El ajuste había sido establecido el 29 de diciembre de 2025 mediante el Decreto 1469, firmado por el presidente Gustavo Petro, que fijó el salario mínimo en $1.750.905. Con el auxilio de transporte de $249.095, el ingreso total alcanzaba los $2 millones, cifra que el Ejecutivo presentó como un “salario mínimo vital”.

Sin embargo, la decisión fue demandada ante la justicia. El punto central del debate radica en que, según la Ley 278 de 1996, el salario mínimo debe definirse con base en criterios técnicos como la inflación, el crecimiento del PIB y la productividad laboral. Para el alto tribunal, el Gobierno no explicó de manera clara y verificable cómo estos factores sustentaron el aumento del 23%.

En cambio, el decreto se apoyó principalmente en estudios de la Organización Internacional del Trabajo sobre el concepto de “salario vital”, lo que fue considerado insuficiente por el magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, quien lideró el análisis de las demandas.

La suspensión provisional fue ordenada el 12 de febrero de 2026, marcando un hecho sin precedentes: es la primera vez que se frenan los efectos de un decreto de salario mínimo en Colombia. Posteriormente, el Gobierno expidió el Decreto 0159 de 2026, que mantiene temporalmente el mismo valor mientras se define el fondo del caso.

El pasado 13 de abril, el Consejo de Estado decidió mantener la suspensión, al rechazar un recurso que buscaba revertir la medida. El tribunal aclaró que no está definiendo el monto del salario, sino evaluando la legalidad del decreto.

La decisión impacta directamente a cerca de 2,4 millones de trabajadores que devengan el salario mínimo en el país, así como a múltiples prestaciones económicas atadas a este ingreso, mientras se espera un fallo definitivo que aún no tiene fecha.

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