Un análisis sobre la distribución de los recursos destinados a la gratuidad de la matrícula en las universidades públicas plantea la necesidad de precisar cómo funciona el modelo de financiación de las instituciones de educación superior estatales en Colombia.
La discusión surgió luego de un informe publicado por El Tiempo, elaborado previamente por el Observatorio de Universidades Colombianas, en el que se señala que las transferencias por estudiante fueron diferentes entre las instituciones públicas y se plantean interrogantes sobre la equidad y transparencia en la distribución de estos recursos.
Frente a esto, es necesario tener en cuenta que el sistema de financiación de las universidades públicas está regulado por la Ley 30 de 1992, particularmente por sus artículos 86 y 87. Esta norma establece que los presupuestos de las instituciones se conforman con aportes del Presupuesto General de la Nación, recursos de las entidades territoriales y rentas y recursos propios generados por cada universidad.
Dentro de este modelo, las universidades, en ejercicio de su autonomía, establecen sus propios sistemas de liquidación de matrícula, teniendo en cuenta sus características académicas, financieras y administrativas. Por esta razón, el valor que paga un estudiante no es uniforme entre las instituciones públicas del país.
Bajo este contexto, los recursos destinados a la política de gratuidad no corresponden a valores fijados de manera arbitraria por el Gobierno para cada estudiante. El Estado asumió el pago de las matrículas previamente establecidas por las universidades, de acuerdo con las condiciones contempladas en la Ley 2307 de 2023 y su reglamentación.
Por ello, las diferencias en los recursos recibidos por estudiante pueden estar relacionadas con las características históricas de los sistemas de matrícula de cada institución y no necesariamente con una asignación preferencial o arbitraria de los recursos públicos.
El análisis también plantea que el debate debería concentrarse en asuntos como la eficiencia en el uso de los recursos, las diferencias financieras entre universidades y las brechas territoriales que persisten dentro del sistema de educación superior pública.
De acuerdo con el documento, cuatro universidades públicas, equivalentes al 12 % del total de universidades estatales, concentran cerca del 48 % de los ingresos nacionales, mientras que el Sistema Universitario Estatal enfrenta dificultades para alcanzar una sostenibilidad financiera debido a la rigidez del modelo de financiación.
