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Adjudican tierras de la hacienda de Álvaro Uribe a campesinos en Colombia tras prolongada controversia legal

En un hito que marca el fin de una prolongada disputa legal, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de Colombia ha adjudicado ocho hectáreas de la famosa hacienda del expresidente Álvaro Uribe, conocida como "El Ubérrimo", a una asociación de campesinos en la región Caribe del país.

En un hito que marca el fin de una prolongada disputa legal, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de Colombia ha adjudicado ocho hectáreas de la famosa hacienda del expresidente Álvaro Uribe, conocida como “El Ubérrimo”, a una asociación de campesinos en la región Caribe del país. Estas tierras, ubicadas en San Carlos, Córdoba, fueron otorgadas a la Asociación Baluarte Nacional Campesino Juana Julia Guzmán el pasado martes 20 de febrero.

La resolución de esta controversia legal se remonta a un proceso iniciado en 2019, cuando los campesinos reclamaron la propiedad de estas tierras mediante una demanda por prescripción adquisitiva extraordinaria del dominio, argumentando siete años de explotación ininterrumpida y el pago de impuestos prediales correspondientes. La disputa se intensificó aún más cuando se reveló que las tierras figuraban como propiedad privada en un juzgado de San Carlos, Córdoba, y posteriormente se incorporaron a la mencionada empresa administrada por la esposa del expresidente, Lina Moreno.

Tras una investigación exhaustiva, la ANT determinó que las tierras en cuestión eran baldías y, por lo tanto, sujetas a adjudicación según la ley. La entrega de estas tierras a la asociación campesina no solo resuelve la disputa legal, sino que también representa un paso significativo hacia la implementación de la reforma agraria en Colombia, una iniciativa respaldada por el Gobierno Nacional.

Carmenza Gómez Ortega, Representante Legal de la Asociación Baluarte Nacional Campesino Juana Julia Guzmán, expresó su gratitud por la adjudicación de las tierras, destacando la oportunidad que esto brinda para avanzar en proyectos productivos y en la construcción de la paz total en el país. Las familias beneficiarias esperan utilizar estas tierras para cultivar alimentos tradicionales y garantizar su seguridad alimentaria, aprovechando los recursos naturales disponibles en la región.

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