A la cárcel jueza señalada de recibir $600 millones por liberar a un extraditable
Una jueza de Bogotá fue enviada a la cárcel en medio de una investigación por un presunto acuerdo de $1.200 millones para favorecer con una decisión judicial a un ciudadano neerlandés requerido en extradición por narcotráfico, según informó la Fiscalía General de la Nación. La funcionaria fue identificada como Miryan Alcira Martínez López, titular del Juzgado 77 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá. En el caso también están involucrados la abogada Emperatriz Herrera Cuenca y el funcionario judicial Gualdo Garavito Mejía. De acuerdo con la investigación, el supuesto acuerdo habría contemplado el pago de $1.200 millones para conseguir la libertad de Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, ciudadano de Países Bajos solicitado en extradición. La Fiscalía sostiene que el 4 de junio de 2026 se habrían entregado $600 millones en efectivo, equivalentes a la mitad del monto acordado.
El caso está relacionado con una solicitud de hábeas corpus que llegó al despacho de la jueza y que terminó con una orden de libertad para el extranjero el 13 de junio. Sin embargo, según el ente acusador, la funcionaria no habría tenido competencia para resolver el recurso y otro juez revocó la decisión el 18 de junio, por lo que el ciudadano continuó privado de la libertad mientras avanzaban los trámites de extradición. La Fiscalía investiga si la jueza, la abogada y el funcionario judicial coordinaron sus actuaciones para favorecer al requerido. Entre los hechos bajo análisis también figura una presunta gestión para modificar el turno judicial y facilitar el trámite durante un fin de semana. Martínez López enfrenta señalamientos por presunto cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción, mientras que los otros dos implicados también fueron vinculados a la investigación por los posibles delitos imputados por la Fiscalía. Las capturas se hicieron efectivas el 27 de octubre en Bogotá y Cota, Cundinamarca. El proceso continuará ante la justicia, donde los investigados podrán ejercer su defensa. Las imputaciones y los señalamientos no constituyen por sí mismos una condena.
