Presidencia y Senado impugna fallo por acto religioso
La Presidencia de la República y el Senado impugnaron el fallo de tutela que ordenó al presidente Abelardo de la Espriella y al presidente del Congreso, Honorio Henríquez, ofrecer disculpas por la realización de un acto religioso durante la ceremonia de posesión presidencial del pasado 7 de agosto.
Los recursos fueron presentados ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito, despacho que había determinado que durante la ceremonia se vulneró el principio de neutralidad religiosa del Estado.
El acto cuestionado correspondió a una jornada denominada “invocación y alabanza”, en la que participaron un rabino, dos sacerdotes católicos y un pastor cristiano. La actividad fue incluida en el orden del día de la ceremonia luego de una decisión adoptada por el Congreso durante la sesión realizada en Cali.
Desde la Presidencia se argumenta que la tutela habría afectado la separación de poderes y se solicita revocar algunas de las órdenes establecidas por el juez. Entre ellas está la instrucción para que el mandatario ofreciera disculpas públicamente el próximo 30 de septiembre.
El Gobierno sostiene además que De la Espriella ya había realizado una declaración pública de disculpas el pasado 30 de agosto, por lo que considera que una nueva intervención sobre el mismo asunto no sería necesaria.
También se busca dejar sin efecto la orden que establece la expedición de una directriz presidencial para recordar a los funcionarios públicos la obligación de garantizar la neutralidad religiosa.
Por su parte, el Senado sostiene que Honorio Henríquez no fue quien ordenó directamente la realización del acto religioso, sino que habría cumplido con el orden del día aprobado por el pleno del Congreso.
La corporación también argumenta que la participación de representantes de diferentes credos católico, cristiano y judío no implicaría una vulneración de la neutralidad religiosa, sino una expresión del pluralismo religioso.
El caso abrió nuevamente el debate sobre los límites entre las creencias religiosas y las actuaciones del Estado, especialmente por la presencia que han adquirido líderes religiosos en diferentes espacios de la actual administración.
Ahora será la autoridad judicial competente la que deberá resolver las impugnaciones presentadas por la Presidencia y el Senado.
