Gobierno explica nuevas reglas para atender protestas en Colombia
El Gobierno nacional avanza en una propuesta para modificar las reglas de actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones en Colombia. El proyecto de decreto busca actualizar el Decreto 003 de 2021 y establecer con mayor precisión cuándo debe mantenerse el diálogo y en qué circunstancias pueden intervenir las autoridades ante hechos violentos.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha defendido la iniciativa señalando que pretende equilibrar los derechos de quienes participan en una protesta con los de quienes no hacen parte de ella. Según explicó, situaciones como el ruido, la incomodidad o un trancón generado por una movilización no serían consideradas, por sí solas, actos de violencia.
En cambio, el proyecto contempla como situaciones que pueden requerir una actuación de las autoridades hechos como portar armas, agredir a terceros, retener personas, impedir el paso de ambulancias, afectar servicios hospitalarios o destruir infraestructura.
Uno de los puntos que genera mayor discusión establece que, si desde el comienzo de una manifestación se identifican armas de fuego, explosivos, agresiones, retención de personas, ataques contra periodistas o misiones médicas o destrucción de infraestructura, el deber de privilegiar el diálogo se entendería cumplido con el despliegue de gestores de convivencia y equipos de diálogo.
Esto permitiría que la actuación de las autoridades frente a quienes estén cometiendo hechos violentos pueda desarrollarse de manera simultánea, de acuerdo con las condiciones establecidas en el borrador.
El proyecto también contempla ocho causales para determinar cuándo se considera agotado el diálogo. Estas deberán ser verificadas por el Puesto de Mando Unificado y quedar registradas en un acta.
Entre las situaciones contempladas aparecen la afectación de servicios hospitalarios, el porte de armas, la retención de personas y la destrucción de infraestructura. El borrador también señala que los bloqueos, por sí solos, no convierten una protesta pacífica en violenta y que el agotamiento del diálogo no implica una autorización para utilizar la fuerza de manera generalizada.
Otra de las medidas propuestas es la habilitación de corredores solidarios para permitir el paso de ambulancias, bomberos y personas que requieran atención prioritaria. Además, después de una jornada con afectaciones, las autoridades tendrían que publicar un balance sobre heridos, daños y denuncias.
El documento también plantea modificaciones relacionadas con la presencia de la Policía durante las movilizaciones y con los mecanismos de intervención frente a situaciones que representen riesgos para terceros. El Espectador señaló que uno de los aspectos del borrador contempla una presencia policial más cercana durante las manifestaciones y abrió el debate sobre el alcance que tendría la fuerza disuasoria.
La propuesta ya genera posiciones diferentes en el Congreso. El congresista Kevin Gómez, del Pacto Histórico, cuestionó el proyecto y expresó preocupación por el margen de actuación que tendría la Fuerza Pública ante hechos considerados violentos.
Por su parte, Miguel Ángel Pinto Rueda, del Centro Democrático, defendió la necesidad de diferenciar entre la protesta pacífica y los actos violentos y señaló que la obstrucción de una vía, por sí sola, no debería quitarle el carácter pacífico a una manifestación.
El debate también se concentra en los límites jurídicos de la iniciativa y en el alcance que puede tener un decreto frente al derecho fundamental a la protesta. El propio Pinto señaló que las regulaciones sustanciales sobre este derecho requieren respaldo legal, mientras que el Gobierno sostiene que la propuesta busca establecer mecanismos para coordinar la actuación de las autoridades y proteger derechos.
El proyecto permanece en consulta pública. El Ministerio del Interior informó que la ciudadanía puede presentar observaciones hasta el 4 de octubre de 2026 a través del correo de su Dirección Jurídica.
