La crisis en la atención en salud vuelve a generar preocupación en Córdoba, donde pacientes y familiares denuncian barreras que retrasan el acceso oportuno a los servicios médicos. Casos recientes en municipios como Planeta Rica han reavivado el debate sobre el denominado “paseo de la muerte”, una práctica que, aunque prohibida por la legislación colombiana, continúa siendo denunciada por usuarios del sistema.
Uno de los hechos que ha generado mayor indignación involucra a una adulta mayor de 94 años, residente en Planeta Rica, quien padece diabetes e hipertensión. Según la denuncia de sus familiares, la paciente fue atendida inicialmente en la clínica Amigos de la Salud, donde le amputaron un dedo del pie debido a su condición médica. Tras el procedimiento, fue dada de alta y regresó a su vivienda.
Días después, la herida presentó una grave infección, por lo que fue trasladada al Hospital San Nicolás de Planeta Rica, donde recibió la atención primaria y fue estabilizada. Debido a la complejidad de su estado de salud, los médicos ordenaron remitirla nuevamente a la clínica Amigos de la Salud para continuar con el manejo especializado.
Sin embargo, según la denuncia conocida, la paciente no fue recibida en ese centro asistencial porque el contrato entre la EPS Cosalud y la IPS Amigos de la Salud había finalizado, situación que obligó a gestionar su traslado hacia otra institución y volvió a poner sobre la mesa las consecuencias que pueden generar los problemas contractuales entre EPS e IPS.
Este caso se suma a las constantes denuncias de usuarios que aseguran enfrentar obstáculos administrativos, demoras en autorizaciones y dificultades para acceder a servicios de urgencias o especializados, especialmente en municipios del departamento.
Expertos recuerdan que la normatividad colombiana establece que ningún paciente puede ser privado de la atención inicial de urgencias y que las diferencias contractuales entre EPS e IPS no deberían convertirse en una barrera para garantizar el derecho fundamental a la salud. Además de los conflictos derivados de los contratos entre prestadores y aseguradores, factores como la falta de camas, la escasez de especialistas y los trámites administrativos continúan afectando la oportunidad en la atención.
Las autoridades de salud y la Superintendencia Nacional de Salud tienen la facultad de investigar y sancionar a las entidades que incumplan con la prestación oportuna del servicio cuando estas situaciones comprometan la vida o la integridad de los pacientes. Mientras tanto, familiares de la adulta mayor pidieron que se esclarezca lo ocurrido y se garantice que ningún usuario vuelva a enfrentar este tipo de situaciones por razones administrativas.
