El país tiene que conocer que esta comunidad del Alacrán lleva 50 años en el territorio, ha dado larga batalla legal por ser reconocidos como mineros artesanales, 36 solicitudes de legalización de Minería tradicional les han sido negadas y 7 en trámite, esperando ser resueltas. A pesar que la sentencia de tutela T-095/2015 la CORTE CONSTITUCIONAL ordenaba acciones a distintas entidades para legalizar a los mineros tradicionales de la Mina El Alacrán.
Sin embargo, poco o nada de lo sentenciado por la honorable Corte se cumplió, por el contrario, recrudeció la estigmatización a estas personas, acusados de pertenecer a bandas criminales, los mineros ahora no solo son objeto de persecución de los grupos armados ilegales . La población se siente atemorizada por las mas recientes acusaciones realizadas por la Dirección de Carabineros al afirmar temerariamente que esta población es INSTRUMENTO de una de las bandas criminales que operan en el departamento, aseveraciones que condenan a toda una población en la que viven niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos.
Hoy, hago un llamado urgente al Gobierno Nacional, al Ministerio de Minas y Energia, a la Agencia Nacional de Minas, a la CVS, a la Defensoría del pueblo, a la empresa CORDOBA MINERALS que atiendan las necesidades de esta comunidad de paz que quedó sin su sustento diario, acudan al dialogo, emprendan compromisos interpartes, cumplan lo ordenado por la Corte Constitucional, les respeten los mínimos derechos a esta población ancestral y cese de una vez por todas los tortuosos señalamientos contra los pobladores de la mina El Alacrán.
