¡Primer pulso ganado! Gobierno logra avanzar con su ley de sometimiento en el Congreso
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella superó la primera votación de su proyecto de ley de sometimiento a la justicia, luego de que las Comisiones Primeras del Senado y la Cámara rechazaran la ponencia de archivo presentada por la oposición y respaldaran la ponencia positiva.
En el Senado, la votación quedó con 21 votos a favor y uno en contra, mientras que en la Cámara de Representantes el resultado fue de 21 votos favorables y 10 en contra. Con este resultado, el proyecto avanzará al estudio de su articulado, que acumula cerca de 320 proposiciones, incluidas cuatro que buscan hundir la iniciativa.
La propuesta está relacionada con la Ley 418 de 1997, cuyo periodo de vigencia fue ampliado en 2022 mediante la Ley 2272. El debate adquiere relevancia porque el próximo 4 de noviembre vence la prórroga de la ley de orden público, según el texto suministrado.
El senador Hernán Cadavid, ponente del proyecto, defendió que la voluntad de paz de quienes busquen someterse sea verificada por los jueces y no dependa de la discrecionalidad de un funcionario. También sostuvo que las órdenes de captura y extradición no serán objeto de negociación y que los aportes falsos o inútiles de verdad podrían ocasionar la pérdida de beneficios.
El articulado contempla además sanciones más estrictas por lavado de activos y excluye de los beneficios a quienes recluten menores de 14 años.
Desde la oposición, congresistas cuestionaron la falta de un concepto del Consejo de Política Criminal y de aval fiscal. También expresaron reparos frente a la posibilidad de que las víctimas incidan en la libertad de las personas sometidas, así como a la contratación directa y reservada del Fonsecon y a una eventual extensión de la ley por al menos diez años.
Por su parte, el ministro del Interior, Iván Cancino, negó que la iniciativa implique impunidad y señaló que los beneficiarios deberán entregar información completa sobre sus bienes. Según explicó, los beneficios no se obtendrían al año, sino después de tres años.
El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Restrepo, afirmó que el proyecto no reconocerá estatus político a estos grupos y anunció la presentación de una ley antiterrorista para la próxima semana, que incluiría un registro de organizaciones terroristas.
