Gobierno colombiano pide a la ONU retirar la reforma rural del seguimiento al Acuerdo de Paz

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella solicitó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas modificar el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de 2016 para excluir de su seguimiento la Reforma Rural Integral y concentrar sus labores en la reincorporación de excombatientes y las garantías de seguridad.
La propuesta fue presentada por el canciller Omar Bula Escobar durante una sesión del organismo internacional realizada este lunes 12 de octubre en Nueva York. El funcionario sostuvo que la reforma rural corresponde a una política pública estructural y de largo plazo que debe ser asumida por las instituciones permanentes del Estado colombiano.
Según el Gobierno, el país cuenta con instrumentos normativos e institucionales para continuar las políticas de acceso a tierras, formalización de la propiedad y desarrollo productivo, incluso sin que estos componentes permanezcan bajo la verificación internacional.
Bula aseguró que la solicitud no pretende eliminar las obligaciones del Estado frente al Acuerdo Final, sino ajustar el mecanismo extraordinario de seguimiento. Cualquier modificación deberá ser evaluada y aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Durante su intervención, el canciller también cuestionó los resultados del proceso de paz y presentó cifras sobre homicidios, extorsiones, secuestros y crecimiento de los grupos armados ilegales para argumentar que persisten graves problemas de seguridad en el país.
La propuesta generó posiciones distintas entre los representantes internacionales. Dinamarca defendió la importancia de mantener la implementación de la reforma rural como parte de los compromisos de paz, mientras que Estados Unidos respaldó que el Estado colombiano asuma directamente esa responsabilidad, sin abandonar los componentes esenciales de verificación.
Por su parte, el representante especial del secretario general de la ONU para Colombia, Miroslav Jenča, insistió en la necesidad de garantizar la implementación integral del Acuerdo de Paz, con financiación suficiente, coordinación institucional y protección para los excombatientes.
Jenča recordó que, desde la firma del acuerdo en 2016, 501 excombatientes han sido asesinados, y advirtió que la inseguridad continúa amenazando los avances en reincorporación y las comunidades afectadas por el conflicto.
La discusión se produce cuando el Acuerdo de Paz se acerca a su décimo aniversario. La decisión sobre el alcance de la Misión de Verificación quedará en manos del Consejo de Seguridad, mientras continúa el debate sobre cómo articular la seguridad, la reforma rural y los compromisos asumidos por Colombia.