Procuraduría pide revisar disputa por curul en Córdoba
La disputa por la curul del Nuevo Liberalismo en la Asamblea de Córdoba suma un nuevo capítulo y pone bajo la lupa la actuación de la Mesa Directiva, presidida por Gabriel Moreno Guerrero, luego de que la Procuraduría General de la Nación solicitara al Consejo de Estado revisar la decisión que permitió que Lina Marcela Jiménez Ramírez ocupara la silla dejada por Gustavo Negrete Bonilla.
La controversia se remonta a la renuncia de Negrete. En la lista cerrada inscrita por el Nuevo Liberalismo para las elecciones de 2023, Juan Gabriel García Ortega, conocido como “Pequeño Juan”, figuraba en el segundo renglón, mientras Lina Marcela Jiménez aparecía en el tercero. Sin embargo, la Mesa Directiva decidió llamar a Jiménez tras valorar antecedentes relacionados con la militancia política de García Ortega.
El punto central del debate está en que la Secretaría General del Nuevo Liberalismo había expedido una certificación en la que señalaba que García Ortega continuaba perteneciendo a la colectividad. Para la Procuraduría, la Asamblea habría desconocido esa certificación y asumido una valoración sobre la militancia que no estaba dentro de sus competencias.
El procurador 33 Judicial II para Asuntos Administrativos, Álvaro Ruiz Hoyos, solicitó el pasado 26 de agosto al Consejo de Estado revisar el fallo del Tribunal Administrativo de Córdoba, que había negado la suspensión provisional de Jiménez. Según el Ministerio Público, la Mesa Directiva debió limitarse a verificar el orden de la lista y atender la certificación expedida por el órgano competente del partido, en lugar de realizar una valoración propia sobre los antecedentes de García Ortega.
La Procuraduría considera que esta actuación podría constituir un vicio y pidió a la Sección Quinta del Consejo de Estado revocar el auto que negó la medida cautelar y suspender provisionalmente los efectos de las Resoluciones 063 y 065 de 2026.
La Asamblea de Córdoba, por su parte, sostiene que está ejerciendo su derecho de defensa y que la definición sobre quién tiene derecho a ocupar definitivamente la curul corresponde a la jurisdicción administrativa.
El caso también involucra las demandas de nulidad electoral presentadas ante el Tribunal. Hasta ahora, las medidas cautelares que buscaban apartar provisionalmente a Jiménez han sido negadas, por lo que la curul continúa en disputa.
Más allá de la confrontación jurídica, el caso deja un interrogante sobre la actuación de la Mesa Directiva durante la presidencia de Gabriel Moreno: ¿se ajustó la decisión al marco jurídico y a las competencias de la corporación o hubo una valoración que correspondía exclusivamente a otras autoridades? La respuesta estará en manos de los jueces mientras el proceso avanza hacia el Consejo de Estado.
