JEP imputa a 27 excomandantes de las Farc por crímenes de guerra
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 antiguos comandantes de los extintos bloques Sur y Oriental de las Farc-EP, al considerarlos máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Entre los imputados se encuentran cuatro exintegrantes del último Secretariado de esa organización: Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”; Julián Gallo, “Carlos Antonio Lozada”; Jaime Alberto Parra, “Mauricio Jaramillo”; y Milton de Jesús Toncel, “Joaquín Gómez”. Los demás comparecientes ocuparon cargos de mando dentro de los dos bloques guerrilleros.
La decisión judicial los señala por delitos como desaparición forzada, homicidio, masacres, desplazamiento forzado, tortura, atentados y violencia sexual. Según la JEP, es la primera vez que la justicia colombiana atribuye responsabilidades individuales por este conjunto de hechos.
El proceso reúne a 2.436 víctimas acreditadas, entre ellas campesinos, docentes, líderes comunales, integrantes de comunidades religiosas, mujeres, así como miembros de la Fuerza Pública.
La Sala de Reconocimiento organizó los hechos en tres patrones: los crímenes cometidos durante las hostilidades, el control violento sobre la población y el territorio, y los ataques perpetrados en zonas urbanas. En este último grupo figuran hechos como el atentado al Club El Nogal, los ataques contra el Palacio de Nariño en 2002, la casa bomba de Neiva y los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado y del profesor Jesús Antonio Bejarano.
La decisión también incluye la primera imputación conjunta con el Caso 11, que investiga la violencia sexual cometida contra civiles durante el conflicto armado.
Los comparecientes disponen de 30 días hábiles para aceptar o rechazar los hechos. Si reconocen su responsabilidad, podrán acceder al procedimiento restaurativo previsto por la JEP. En caso contrario, el proceso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
