Petro denuncia presunto desfalco en Coosalud y asegura que recursos de la salud terminaron en cuentas en el exterior
El presidente Gustavo Petro reveló nuevos detalles sobre un presunto entramado de corrupción que habría afectado los recursos del sistema de salud colombiano y que, según afirmó, involucra a la EPS Coosalud.
Las declaraciones del mandatario se produjeron en medio del escándalo generado por las denuncias presentadas por el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar Mejía, relacionadas con un supuesto desvío de dineros públicos hacia cuentas en el exterior.
De acuerdo con Petro, la operación habría girado alrededor de un crédito por 221.000 millones de pesos otorgado por el Banco Sudameris a una empresa vinculada al gerente de la EPS y a sus familiares.
“El préstamo se fue a un fondo en el exterior de propiedad del gerente González y sus socios e hijos, mientras el pago a Sudameris se haría con recursos públicos a la salud que son inembargables”, aseguró el jefe de Estado.
El mandatario también señaló que entre los socios aparecería una persona dedicada a la comercialización de medicamentos a las EPS, actividad que, según dijo, movería cerca de 35 billones de pesos y presentaría sobrecostos del 35 %.
Además, cuestionó la labor de las auditorías encargadas de supervisar los recursos del sector salud y aseguró que se habrían detectado nuevas irregularidades relacionadas con millones de facturas rechazadas dentro de la Nueva EPS.
Petro indicó igualmente que entre los integrantes de la junta directiva de Coosalud que habrían autorizado el crédito figuran Jaime Pastrana, hermano del expresidente Andrés Pastrana, y Rafael Santos, hermano del exvicepresidente Francisco Santos.
El presidente aseguró que toda la información recopilada, incluidas cuentas en el exterior y nombres de personas y empresas presuntamente involucradas, ya fue entregada a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, las denuncias se encuentran en etapa de verificación y no existen decisiones judiciales en firme sobre los hechos mencionados, por lo que las personas señaladas mantienen la presunción de inocencia mientras avanzan las investigaciones de las autoridades competentes.
