Cordoberxia alerta sobre riesgos por llegada de integrantes del Clan del Golfo a Tierralta
La Fundación Social Cordoberxia, organización que lidera la Plataforma Departamental de Derechos Humanos y el Observatorio de Derechos Humanos del Sur de Córdoba, expresó su preocupación por las condiciones en las que se desarrollaría la llegada de integrantes del Clan del Golfo al municipio de Tierralta, prevista para el próximo 25 de junio.
Según un comunicado emitido por la organización, el proceso contempla la instalación de al menos dos zonas de ubicación temporal para cerca de 400 integrantes de ese grupo armado. Una de ellas estaría ubicada en Belén de Bajirá y la otra en Tierralta, específicamente en el corregimiento de Palmira y el corredor hacia Cascajal, Tolobá y El Diamante, una zona estratégica por su conexión con el Nudo del Paramillo.
Andrés Chica, coordinador general de Cordoberxia, aseguró que durante recientes recorridos por el territorio encontraron comunidades sometidas a normas impuestas por el grupo armado, incluyendo restricciones sobre actividades cotidianas y limitaciones para relacionarse con instituciones del Estado.
La fundación también denunció ante la Fiscalía General de la Nación presuntas irregularidades en algunos Grupos de Trabajo Municipales, escenarios de diálogo derivados de los acuerdos de Doha, donde, según la organización, integrantes del Clan del Golfo habrían participado presentándose como representantes de la sociedad civil, lo que habría dificultado la denuncia de problemáticas como las extorsiones.
De acuerdo con la organización, en Tierralta y Puerto Libertador se habrían registrado varios casos relacionados con estas situaciones, además de reportes sobre desplazamientos silenciosos de población y un aumento de amenazas contra habitantes de la región.
Cordoberxia recordó que Tierralta ya ha sido escenario de procesos de desmovilización, como el de las AUC entre 2002 y 2006 y el de las antiguas FARC-EP entre 2016 y 2017. Por ello, considera que cualquier nuevo proceso debe estar acompañado de garantías efectivas de seguridad, verdad, reparación y no repetición para las comunidades.
Finalmente, la organización hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, al presidente Gustavo Petro, al gobernador Erasmo Zuleta Bechara y al alcalde Jesús David Contreras para que adopten medidas coordinadas que garanticen condiciones seguras y respetuosas de los derechos humanos antes de la eventual llegada de los desmovilizados al territorio.
