Comisión de Acusación ordena suspensión provisional de Petro y desata debate sobre su validez constitucional
La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó de manera provisional la suspensión del presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio, fecha en la que se realizará la segunda vuelta presidencial en Colombia.
La decisión fue adoptada dentro de una investigación relacionada con una presunta participación en política por parte del mandatario a través de publicaciones realizadas en su cuenta de X. Según el auto conocido este miércoles, la medida cautelar busca evitar una eventual injerencia del jefe de Estado en la campaña electoral durante los días previos a la jornada de votación.
En el documento se argumenta que la conducta investigada podría constituir una falta gravísima relacionada con la intervención en política por parte de servidores públicos, una conducta prohibida por la legislación disciplinaria colombiana. La suspensión tendría vigencia hasta las 4:00 de la tarde del 21 de junio, cuando concluya la jornada electoral.
Sin embargo, la determinación ha generado una inmediata controversia jurídica. Diversos sectores políticos y expertos en derecho constitucional han cuestionado la competencia de una representante investigadora para suspender al presidente de la República, argumentando que la Constitución establece procedimientos específicos para cualquier eventual sanción contra un jefe de Estado.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la decisión y sostuvo que la Comisión de Acusación tiene funciones de instrucción e investigación, pero no facultades para suspender al presidente. Según esa interpretación, una medida de esa naturaleza solo podría ser adoptada mediante los mecanismos previstos constitucionalmente y con participación del Senado.
La actuación de Arizabaleta se produce pocos días después de que la Comisión de Acusación abriera nuevas investigaciones contra Petro por presunta intervención en política a través de mensajes difundidos en redes sociales.
Mientras continúa el debate sobre la legalidad y los alcances de la medida, el país enfrenta un nuevo episodio de tensión institucional en plena recta final de la campaña presidencial, a menos de dos semanas de la segunda vuelta electoral.
