Una denuncia anónima encendió las alertas sobre la ejecución del Convenio 451, firmado entre el Hospital San José de Tierralta y el ICBF Regional Córdoba para la atención y prevención de la desnutrición en población vulnerable del departamento.
El documento, conocido en medio de crecientes cuestionamientos, advierte sobre presuntas irregularidades en el desarrollo del convenio ejecutado entre junio y noviembre de 2025, incluyendo retrasos en pagos, fallas logísticas y posibles inconsistencias en procesos administrativos y operativos.
Según los señalamientos, personal vinculado al proyecto habría reportado demoras en el pago de honorarios, falta de reconocimiento de gastos de movilidad y retrasos en la entrega de paquetes alimentarios destinados a beneficiarios del programa.
La denuncia también menciona posibles anomalías en supervisión, facturación e inclusión de beneficiarios, además de advertencias sobre presuntas fallas estructurales en la operación del convenio.
Entre los puntos más delicados, los denunciantes señalan un supuesto trato indigno hacia los equipos interdisciplinarios, falta de insumos para desarrollar sus labores y la presunta utilización de “talento humano de papel” para cumplir con exigencias contractuales.
Los señalamientos salpican directamente al Hospital San José de Tierralta y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidades vinculadas a la ejecución del convenio.
Ante la gravedad de las denuncias, los autores del documento pidieron la intervención de instancias nacionales del ICBF y de los organismos de control para revisar el manejo de recursos públicos y las condiciones en las que se habría ejecutado la atención a población vulnerable en Córdoba.
