La disputa dejó de ser administrativa y pasó al terreno legal. La Universidad de Córdoba inició un proceso de cobro jurídico contra la Gobernación de Córdoba para exigir el pago de recursos del impuesto de registro que, según la institución, no han sido transferidos.
La cifra en juego supera los 2.600 millones de pesos, un monto clave para el funcionamiento de la sede universitaria en Sahagún.
Desde la Universidad advierten que estos recursos no son opcionales. El sostenimiento de servicios públicos, el mantenimiento de infraestructura y el apoyo académico dependen directamente de estos giros.
El rector, Jairo Torres Oviedo, aseguró que acudir a la vía jurídica busca hacer cumplir lo establecido en las ordenanzas vigentes.
El problema, sin embargo, no es reciente. La falta de transferencias se arrastra desde hace aproximadamente dos años, afectando el desarrollo de una sede que atiende a cientos de estudiantes en la región.
Mientras avanza el proceso legal, la tensión crece y la expectativa está en si esta medida logrará destrabar los recursos o profundizar el conflicto entre ambas entidades.
Porque aquí no solo se discuten cifras… está en juego la estabilidad de la educación pública en Córdoba.
