Procuraduría confirma destituciones por fuga de Aída Merlano en 2019
Casi siete años después de la fuga de la excongresista Aída Merlano Rebolledo, la Procuraduría General de la Nación dejó en firme las sanciones contra varios exfuncionarios del sistema penitenciario que facilitaron su escape en 2019.
En un fallo de segunda instancia, el Ministerio Público confirmó la destitución e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos contra la exdirectora de la cárcel El Buen Pastor, Diana Cecilia Muñoz Miguez.
La investigación determinó que la funcionaria entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial que permitió la salida de Merlano del penal hacia una cita odontológica, sin autorización formal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y sin aplicar las medidas de seguridad requeridas para una reclusa de alto perfil.
Otros funcionarios sancionados
La Procuraduría también impuso la misma sanción de destitución e inhabilidad por 10 años al excomandante de custodia David Alexander Álvarez Cárdenas por firmar la remisión médica sin garantizar condiciones mínimas de vigilancia.
Igualmente, fue sancionada la exsubdirectora Katherine Lozano Forero por autorizar los traslados de Merlano al consultorio médico los días 26 de septiembre y 1 de octubre de 2019, considerados momentos clave en la fuga.
En el caso del exdragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón, la sanción fue suspensión por tres meses, al comprobarse que permitió un encuentro de la interna con sus hijos durante la cita médica.
La fuga que sacudió al país
El 1 de octubre de 2019, Merlano aprovechó una cita odontológica en un centro médico del norte de Bogotá para escapar descendiendo con una cuerda por una ventana, en uno de los casos de evasión más recordados del país.
Tras huir, llegó a Venezuela, donde fue capturada y posteriormente extraditada a Colombia, país en el que actualmente cumple condenas por delitos electorales.
Para la Procuraduría, los funcionarios sancionados vulneraron los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia que deben regir el ejercicio de la función pública.
