Gobierno destapa red de corrupción en la DIAN que habría causado muchas pérdidas de dinero
El presidente Gustavo Petro, acompañado de Eva Carolina Madrid, directora de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), denunció la existencia de una “red criminal” al interior de la DIAN que habría manipulado los sistemas informáticos de la entidad para favorecer a contrabandistas y ocasionar pérdidas millonarias al Estado, estimadas en hasta 8 billones de pesos.
Según el informe de la ITRC, resultado de 29 inspecciones realizadas entre 2022 y 2025, se identificaron alteraciones en los sistemas SYGA, SIGLO XXI, MUISCA y LUCÍA. Estas irregularidades habrían permitido la liberación automática de mercancías sin pago de tributos, mediante la suplantación de datos de operadores de confianza por empresas legalmente constituidas. Entre los hallazgos más graves, se detectaron usuarios fantasma, incluyendo siete personas fallecidas, así como la venta ilegal de más de 400 cuentas de correo institucional, configurando un esquema de corrupción digital sistemático.
La investigación reveló que al menos 32 empresas importadoras habrían participado en la evasión de controles, junto con 95 casos de incumplimiento de reglas de selectividad y pérdidas fiscales superiores a 38.000 millones de pesos en franquicias diplomáticas. Adicionalmente, se identificaron riesgos por más de 248.000 millones de pesos en Zonas Económicas y Sociales Especiales (ZESE), debido a la falta de control sobre empresas que reciben beneficios tributarios sin cumplir los requisitos legales, lo que podría estar relacionado con presuntos casos de lavado de activos.
El informe también evidenció irregularidades en devoluciones tributarias extemporáneas, fallas en el Registro Único Tributario y problemas en el control de viajeros en aeropuertos como Cartagena y Medellín, generando riesgos materializados por 44.000 millones de pesos. Entre los casos denunciados, se mencionan el ingreso irregular de vehículos de alta gama y el posible contrabando técnico facilitado por registros alterados que habilitaron la entrada de múltiples contenedores.
El gobierno remitió la información a la Fiscalía General y a la Contraloría para investigar responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias, mientras Petro calificó los hallazgos como evidencia de que los sistemas de registro de importaciones y control tributario fueron utilizados con fines ilícitos, afectando la transparencia y la seguridad fiscal del país.
