El Tribunal Superior de Antioquia condenó a Santiago Uribe Vélez a 28 años y 3 meses de prisión

El Tribunal Superior de Antioquia condenó a Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, a 28 años y 3 meses de prisión por los delitos de delinquir agravado y homicidio agravado. La decisión, tomada de manera unánime por los magistrados, revoca la absolución emitida en noviembre de 2024 y lo declara responsable por crímenes de lesa humanidad. Según la sentencia fue líder del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, conformado por ganaderos, empresarios, policías e incluso un sacerdote, que operó en Yarumal desde. A esta organización se le atribuyen al menos 300 homicidios y múltiples desapariciones, secuestros y actos de tortura. Muchas de estas acciones, según los documentos judiciales, fueron planificadas en la finca La Carolina, propiedad de la familia Uribe Vélez. La condena también incluye el pago de una multa equivalente a 6.500 salarios mínimos legales vigentes. La captura del empresario se hará efectiva una vez la Corte Suprema resuelva el recurso extraordinario de casación.

La sentencia destaca que Los 12 Apóstoles desarrollaron una política de “exterminio social” dirigida contra personas consideradas peligrosas o indeseables, así como contra supuestos colaboradores de grupos guerrilleros. Uno de los hechos clave en el proceso fue el asesinato de Camilo Barrientos Durán. El fallo también resalta que el grupo paramilitar habría alcanzado su mayor actividad criminal durante el periodo en que Álvaro Uribe se desempeñó como gobernador de Antioquia. Aunque el expresidente no es parte del proceso, reaccionó lamentando profundamente la condena contra su hermano a través de su cuenta de X. La sentencia se basa en múltiples testimonios, documentos recopilados durante años de investigación judicial. Los magistrados consideran plenamente acreditado que Santiago Uribe desempeñó un rol de dirección y financiación dentro de la estructura criminal.

Las reacciones políticas ante el fallo fueron inmediatas y polarizadas. El senador Iván Cepeda celebró la decisión, destacándola como un triunfo para las víctimas y la justicia en el país. Por su parte, la exalcaldesa Claudia López recordó el largo historial de violencia paramilitar en la región y aseguró que “la justicia se demora, pero llega”, enviando un mensaje de solidaridad a las familias afectadas. En contraste, la defensa de Santiago Uribe, liderada por los abogados Jaime Granados, Juan Felipe Amaya y Jesús Albeiro Yepes, calificó la sentencia como injusta y anunció que presentará un recurso de casación. Esperan que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema revierta el fallo. Mientras tanto, el caso continúa generando un fuerte impacto político y social debido a la relevancia pública de la familia Uribe Vélez. La condena reabre un capítulo sensible del conflicto colombiano relacionado con el paramilitarismo en Antioquia.