EL PLAN DE ACCIÓN DE LA CORTE PARA “ACABAR CON EL HACINAMIENTO” EN LAS URI

En las últimas horas la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la violación masiva de derechos humanos en los centros de detención transitoria, lo cual llevó al Alto Tribunal a cobijar a las URI y estaciones de Policía del país bajo el Estado de Cosas Inconstitucionales.

Sin embargo, la determinación del tribunal no acabó con esta declaratoria, sino que también emitió un plan de acción de dos fases, con 29 órdenes, con las que busca que se solucione esta problemática en un período no mayor a los seis años.

Según la Corte, el objetivo principal es el de “disminuir y acabar con el hacinamiento en las inspecciones, estaciones y subestaciones de Policía, unidades de reacción inmediata y lugares similares”.

En este sentido, el tribunal ordenó que estos lugares no sean usados para la detención de las personas que tengan una pena de prisión, por lo que deberán ser trasladadas a una cárcel. Del mismo modo, se estableció que deberán ser enviados a sus casas aquellas personas a las que un juez les haya impuesto medida de detención preventiva o a las que les haya sido concedida la prisión domiciliaria.

Entretanto, se debe garantizar la alimentación, el acceso a baños, ventilación, luz solar suficiente y servicios de salud oportunos a quienes permanezcan en estos lugares. Además de ello, la Corte consideró pertinente hacer una distinción entre hombres y mujeres, menores y mayores de edad.

Otra de las medidas distadas por el tribunal va orientada a los entes territoriales, quienes deberán disponer en un período de máximo un año, de “inmuebles que cuenten con las condiciones de seguridad, salubridad y sanidad adecuadas, para recibir temporalmente a las personas que no han sido trasladas a una cárcel”.

En esta primera fase, la Corte también ordenó capacitaciones para los funcionarios de la Fiscalía y la Rama Judicial, sobre el uso de la excepcional de la detención preventiva y la realización de brigadas jurídicas periódicas en los centros de detención transitorias del país.

En lo que respecta a la segunda fase de este plan, que contiene acciones más complejas, la Corte plantea la eliminación definitiva de estos centros transitorios, por lo que se solicitó a las entidades territoriales establecer una fuente de financiación de cara al aumento de los cupos en las cárceles.

En este sentido, el Ministerio de Justicia y Hacienda, así como el Departamento Nacional de Planeación, junto al Inpec y la Uspec, deberán asesorar a los gobiernos locales en el tema financiero. El fin último es que se incluya en el Presupuesto General de la Nación un rubro que cubra esta ampliación.

Dentro de los requerimientos, la Corte se refirió a 15 ciudades que desde ya deben empezar a formular proyectos para la construcción de cárceles, o para la adecuación de este tipo de infraestructura.

Finalmente, el Inpec recibió la orden de “no generar trabas administrativas para el traslado de quienes ya cumplieron sus penas”.