Córdoba

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Viernes, 5 de Noviembre 2021

En atención a la decisión proferida por la Superintendencia de Sociedades mediante la cual se decidió negar la petición de nulidad propuesta por la Gobernación de Córdoba en el marco del proceso verbal sumario con radicación 2019-480-00, el Ente Territorial se permite hacer las siguientes precisiones:

1. La decisión adoptada por la Superintendencia de Sociedades negó la solicitud nulidad pretendida por la Gobernación de Córdoba, la cual tenía por objeto que se dejaran sin efectos las decisiones adoptadas en la audiencia celebrada el pasado 2 de junio de 2021.

2. Las decisiones proferidas por la Superintendencia de Sociedades en la audiencia del 2 de junio de 2021, no contienen órdenes relativas a que la Gobernación de Córdoba realice el pago de sumas de dinero a favor de la demandante.

3. El no pago de las acreencias a favor de la demandante no es caprichosa, obedece a una salvaguarda de la moralidad administrativa y protección del patrimonio público, toda vez que en el pasado reciente del departamento se originaron actuaciones fiscales, disciplinarias y penales contra los funcionarios que pagaron otras facturas de servicios de salud con el mismo objeto y proveedor, y que además son hechos públicos y notorios.

4. La Gobernación de Córdoba, con anterioridad a la presente decisión emitida por la Superintendencia de Sociedades, ha venido adelantando el proceso de auditoría de las cuentas médicas presentadas por la IPS demandante en el proceso verbal sumario 2019-480-00, a través de la Universidad de Cartagena.

5. Para esta Entidad Territorial, es fundamental tener certeza respecto de la legalidad y probidad de las cuentas presentadas por cualquier IPS o prestador de servicios de salud, en aras de salvaguardar la legalidad, el patrimonio del departamento y seguir recobrando la confianza de los
cordobeses y del país.

6. La Gobernación de Córdoba respeta y acata las decisiones de carácter judicial. Así mismo, está en el deber de proteger los recursos de la salud, de manera que cumplirá los resultados de la auditoría que viene adelantando la Universidad de Cartagena de manera independiente y transparente. Una vez dicha auditoría se encuentre finalizada, la Entidad Territorial adoptará las medidas jurídicas y administrativas a que haya lugar.

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